Torrent busca aplazar la investidura hasta que el TC resuelva sobre el recurso del Gobierno

El presidente del Parlament, Roger Torrent, busca fórmulas de última hora que permitan aplazar el pleno de investidura, previsto para este martes, con la intención de que, en este tiempo, el Tribunal Constitucional decida sobre la admisión o no del recurso del Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont. Torrent se ha reunido esta tarde en el Parlament con expertos en Derecho Constitucional para trazar la estrategia a seguir.

La decisión vendría amparada por el propio reglamento del Parlament que, en su artículo 103, establece que la Mesa -de mayoría independentista-puede «acordar la prórroga de los plazos» establecidos en la normativa, entre ellos, por tanto, el de la sesión de investidura. El reglamento añade que «salvo casos excepcionales, las prórrogas no deben exceder de un tiempo igual al fijado», esto es, diez días desde la constitución del Parlament, a contar, por tanto, desde el próximo 31 de enero. El calendario situaría así la investidura, como máximo, el 14 de febrero. No obstante, la falta de precisión deja también abierto el escenario a interpretación de la Mesa, que puede decidir que la situación es lo bastante «excepcional» como para prorrogar sine die la investidura.

En este tiempo, el TC podría ya sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno, una decisión que el alto tribunal dejó en suspenso en espera de que la Abogacía del Estado, el Parlament y los diputados de Junts per Catalunya presenten sus alegaciones. Para ello, el Constitucional dio un plazo de diez días, con lo que no es previsible que su decisión final se aplace mucho más.

Aplazar el pleno permitiría a Torrent tener ciertas garantías sobre las posibles consecuencias penales de la investidura. El presidente del Parlament podría optar por iniciar el pleno y suspenderlo, una vez se constate que el candidato no se encuentra en el hemiciclo, y esperar así a los diez días mencionados.

Fuentes próximas a Torrent aseguran que es plenamente consciente de los riesgos a los que se somete si vulnera la legalidad. Y no solo él. Los diputados que consiguieron la libertad bajo fianza-Carme Forcadell, Jordi Turull y Raül Romeva- volverían a prisión, de la que salieron tras comprometerse a cumplir la ley.

Hasta el momento, el presidente del Parlament ha rechazado proponer a otro candidato que no sea Puigdemont. El presidente cesado, por su parte, le solicitó este mismo lunes el «amparo» para que «salvaguarde sus derechos» y garantice su investidura presencial en el Parlament.

En la carta, Puigdemont señala a Torrent que el reglamento del Parlament recoge su «derecho a asistir a los plenos y votaciones» y que, tanto la normativa de la Cámara como el Estatut, reseñan que goza de «inmunidad» para no ser detenido salvo en caso de «delito flagrante». Unas horas antes, el expresidente catalán había rechazado pedir permiso al juez del Supremo, Pablo Llarena, para asistir a la investidura.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, no descartó este lunes que Puigdemont acabe acudiendo a la investidura, aunque admitió que sí se había contemplado solicitar permiso a Llarena. El exconseller de JxCAT Josep Rull así lo aseguró este domingo.

Torrent se enfrenta ahora a la presión del entorno de Puigdemont que le han insistido en las últimas horas para que mantenga en pie el pleno del martes. En el entorno independentista se sugiere también que aplazar la sesión permitiría recurrir las medidas cautelares del TC y elevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos humanos.